Primero los hospitales, después
las escuelas y ahora la radiotelevisión pública. El Gobierno de
Rajoy cambiará la ley para privatizar el servicio público
audiovisual autonómico. 13 entes públicos sin futuro, miles de
trabajadores al borde del abismo de los despidos y millones de
ciudadanos que verán cercenado su derecho a la información y sus
voces silenciadas.
Ni la situación económica y financiera ni el
desarrollo de la televisión digital terrestre, según argumenta
Sáenz de Santamaría, pueden ni deben ser la razón para arrebatar
un derecho fundamental de la ciudadanía tal y como pretenden hacer
con las radiotelevisiones autonómicas. Tres de los pilares del
Estado del bienestar, salud, educación e información, quedarán en
manos privadas que gestionaran nuestros derechos con el único
criterio de su propio y exclusivo interés mercantilista.
Con las radiotelevisiones autonómicas privatizadas, sin
un Consejo Estatal Audiovisual vigilante del cumplimiento de los
deberes de los operadores audiovisuales, los ciudadanos y ciudadanas
serán impotentes ante cualquier violación de sus derechos. Nadie
garantizará la veracidad ni la pluralidad de los medios, e inundarán
aún más nuestras casas con ondas catódicas repletas de programas
en los que aparecen individuos que ignoraran los códigos éticos y
deontológicos que deben regir la actividad profesional audiovisual,
tal y como está ocurriendo en la práctica totalidad de los canales
privados de la TDT.
Ese es el modelo audiovisual que quieren el gobierno y
los mercados, un modelo sin contenidos de calidad, sin debate ni
críticas, sin opiniones más allá del pensamiento único, sin
cultura ni espectáculos, más allá del espectáculo esperpéntico y
zafio que ofrecen algunos operadores privados. Canales de teletienda,
de juegos que rozan la estafa, de telepredicadores del caos, del
miedo y del más absoluto desprecio al Estado del Bienestar.
Está en nuestra Constitución y en las normas de la
Unión europea aquéllas que no dictaron los mercados: los medios de
comunicación son un bien público que atienden al derecho
fundamental de la información. Y para hacer realidad ese derecho son
necesarias y esenciales las radiotelevisiones públicas, con
profesionales, trabajadores y trabajadoras sujetos a derechos y con
derechos.
CCOO rechaza tajantemente la privatización de las
radiotelevisiones públicas por considerarlo un atentado contra los
derechos fundamentales de la ciudadanía.
CCOO urge a Gobierno, partidos políticos, y a todos los
agentes sociales a la constitución de una mesa de dialogo por el
futuro y mantenimiento de todos los medios de comunicación públicos.
